Insuficientes los permisos provisionales

Sector empresarial exige acción sobre las deficiencias del Reglamento Conjunto de Permisos.

Aunque se agradece la iniciativa de Fortaleza en cuanto a la aprobación provisional de sobre 800 permisos estancados en la OGPe, de un total que sobrepasa los 2,000, así como la prórroga en la instalación de rociadores contra incendios en centros de cuido que pretende ser retroactiva; las principales asociaciones comerciales lo consideran insuficiente. Esto, por la necesidad de atender la raíz del problema en torno al Reglamento Conjunto de Permisos y las discrepancias con la Ley 161-2009, según enmendada.

"Bien por la Gobernadora por brindar una mirada al grave asunto de los permisos que lleva años torturando al sector empresarial del País. Sin embargo, lo que aquí se urge es más bien el reclamo consistente y sostenido para denunciar la mala interpretación y las diferencias diametrales con la Ley 161-2009 que presenta el Reglamento (Conjunto de Permisos)", sostuvo Jorge Argüelles Morán, presidente del Centro Unido de Detallistas.

Argüelles agradeció también al representante Víctor Parés, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, por la celebración de las vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 1219, que analiza el Reglamento.

Por su parte, Eduardo Cardona, presidente de la Asociación de Funerarios, expresó igualmente lo siguiente: "Agradecemos la intención de la Gobernadora, pero la realidad es que con la aprobación provisional fallamos en atender la verdadera problemática que viven miles de comercios sobre los requerimientos, procesos y costos asociados al Reglamento de Permisos. Si ya el propio gobierno reconoce que el Reglamento tiene unas deficiencias, lo correcto es detener su aplicabilidad y corregirlo de una vez. La Legislatura dio tiempo para atender la situación, y ante este escenario lo que pedimos al Ejecutivo es que otorgue ese espacio y tiempo a la Legislatura, en deferencia a su responsabilidad ministerial".

"Las acciones tomadas no han dado ningún alivio a los comercios, al contrario, causan mayor inestabilidad e incertidumbre. Necesitamos apertura de diálogo sobre un aspecto tan neurálgico en el desarrollo económico, como lo es el tema de permisos. La comunicación tiene que existir. Es importante que la Gobernadora escuche de forma directa nuestras preocupaciones, así como establecer un grupo de trabajo que atienda las enmiendas que requiere la Ley y el Reglamento Conjunto porque es la única forma que se puede llegar a un entendimiento.  El sector empresarial fue excluido de toda discusión sobre este reglamento y ya vemos las consecuencias, el gobierno no puede cometer el mismo error una vez más. Queremos ayudar, queremos aportar al desarrollo de Puerto Rico, pero para eso necesitamos un gobierno facilitador", sostuvo Enid Monge de Pastrana, presidenta de Empresarios por Puerto Rico.

"La moratoria concedida por OGPe a los hogares y centros de envejecientes, tampoco resuelve el problema, ya que la clasificación que Bomberos aplica es incompatible con su estructura y, por tanto, la instalación de rociadores institucionales es inalcanzable para un numero significativo de estos establecimientos. La aplicación de los Códigos de Construcción y del Código Contra Incendios se impone retroactivamente y esto contraviene con el propio Código Internacional de Estructuras Existentes y con el Código Internacional de Construcción, que establecen una aplicación prospectiva. Igualmente, hay unos asuntos de salud fundamentados en estudios que no han sido considerados. Reconocemos que la oficina de la Secretaria de la Gobernación está trabajando en este sentido y confiamos en el compromiso, prudencia y sensibilidad que merece un asunto tan crítico", agregó el Presidente del CUD.

Por su parte, Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), expresó que en ningún caso se requerirá un nuevo permiso siempre que el uso previamente autorizado no haya cambiado o interrumpido por más de dos años. "En estas renovaciones anuales exigen pagos y la presentación de múltiples documentos año tras año. Esto es un retroceso de décadas en los adelantos para agilizar la gestión comercial".

Otras asociaciones impactadas con un alza en sus costos operacionales son la de Centros de Inspección y los Detallistas de Gasolina, ya que la OGPe requiere permisos de uso distintos para una misma operación, por ejemplo, uno para marbetes y otro para el centro en comparación con la ganancia ínfima por dar un servicio público. Aludieron que esta exigencia costosa tampoco está en la Ley Núm. 161, que sirve de base a este reglamento. "Quien único se beneficia del requisito de varios permisos de uso y de las renovaciones anuales es la empresa contratada para proveer el sistema de renovaciones, que le cobra al comercio por cada transacción", planteó Roberto Echevarría, presidente de la Asociación de Centros de Inspección.

Todas las organizaciones exigen acciones concretas sobre esta problemática. Todas coinciden en que el mayor problema con el Ejecutivo, entiéndase las agencias y Fortaleza, es precisamente la poca apertura de comunicación y la toma de decisiones sin evaluar su impacto y viabilidad.  Concluyeron haciendo un llamado a la Gobernadora para que la reunión que se tiene pendiente en Fortaleza se concrete finalmente. Solicitaron, así mismo, la intervención de la Legislatura para realizar enmiendas a la Ley y tomar acción sobre aquellos aspectos contenidos en el Reglamento que son incompatibles con el espíritu y objetivos de la Ley.