- mayo 8, 2020
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Las declaraciones de la primera mandataria fueron hechas durante el programa “CUD Informa”.
El Dr. Jorge Argüelles Morán, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), agradeció hoy a la gobernadora Wanda Vázquez Garced por su determinación de dar apertura a diversos negocios, advirtiendo que sólo podrán vender artículos de primera necesidad para evitar la competencia desleal de las megatiendas, grandes cadenas de farmacias y tiendas por departamento para con los pequeños y medianos comerciante. Aseguró que, quien incumpla con la orden ejecutiva “sufrirá las consecuencias”, reconociendo que el período de aislamiento social debido a la pandemia por COVID-19 ha tenido un duro impacto sobre la economía.
Las declaraciones de la primera mandataria fueron hechas durante el programa “Centro Unido Informa” moderado por Argüelles Morán, transmitido anoche por WIPR TV, donde enfatizó que en esta tercera Orden Ejecutiva 2020-038 que entró en vigor el lunes, 4 de mayo de 2020, se dará oportunidad de apertura a algunos negocios adicionales, pero las ventas al detal “no están permitidas”. Especificó que, “aquellas megatiendas, cadenas de farmacias, tiendas por departamento al igual que las Pymes que tengan artículos no incluidos en la lista permitida, vendrán obligadas a hacer sus órdenes por teléfono, o internet y deberán hacer la entrega vía “delivery’, correo o que la persona la venga a recoger, pero sin abrir al público en general. Igualmente, los que vendan mercancía por Internet, lo podrán hacer siguiendo las mismas normas de entrega. Aunque queremos evitar una competencia desleal y que algunas empresas tomen alguna ventaja”.
El presidente del CUD, por su parte, dijo que lo más importante es no incitar a las personas a que salgan de sus hogares en busca de artículos que no son considerados como esenciales, ya que podría aumentar el riesgo de contagio y prolongar aún más la cuarentena.
A esta fecha, se estima en 8,400 millones en pérdidas a nuestra economía y pudo llegar a los 12,000 millones de prolongarse el cierre hasta el 31 de mayo. El cierre obligatorio de miles de negocios, ya nos ha costado sobre 300 mil empleados del sector privado que se encuentran desempleados temporeramente y otros 179 mil solicitando el desempleo. La gobernadora confirmó que, durante la primera fase, se adjudicaron cerca de $60 millones en incentivos para las PYMES y en la segunda fase están encaminados a beneficiar a la mayor cantidad de Pymes.
El doctor Argüelles Morán expresó que “para el Centro Unido de Detallistas es inaceptable ver cómo algunas grandes cadenas de farmacias tienda y megatiendas ya estaban publicando “shoopers” para las ventas del Día de las Madres, mientras los pequeños y medianos comerciantes estamos haciendo malabares para cubrir los costos de todas las exigencias impuestas mediante la Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el Virus COVID-19, que incluyen la limpieza a los negocios, previo a poder reabrir sus puertas”.
Sobre el protocolo de medidas de seguridad para la reapertura de negocios, el doctor Argüelles Morán dijo que los patronos no tendrán problemas en desarrollar un Plan de Control de Exposición al COVID-19 ya que el CUD, en alianza Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), logró que se desarrollara un protocolo estándar que podrá ser utilizado por todo Pymes como parte de su proceso de auto certificación y desarrollo de desarrollo de protocolo de prevención de contagio; completamente gratis, en las páginas del Centro Unido de Detallistas y del DTRH.
Los altos costos del proceso de desinfección
En este particular, la primera mandataria recordó que ya se otorgaron ayudas por parte del Departamento de Desarrollo Económico y adelantó que, próximamente se asignarán otros incentivos para las pequeñas y medianas empresas, provenientes de los $2.2 billones federales que podrían utilizarse para estos fines, así como para otras necesidades.
Al cuestionársele cómo el gobierno viabilizaría a los pequeños medianos comerciantes puedan realizar las pruebas moleculares, la gobernadora contestó que “hay dos alternativas, la prueba rápida, que es un cernimiento inicial; a o lo que es preferible el PCR (prueba molecular). En esos casos, hay suficientes pruebas en diferentes centros de diagnóstico y hospitales, y los acuerdos que se han hecho es que sea libre de costo”.
Manifestó que aquellos empleados que mantengan su plan médico deberán presentarlo. En cuanto a los empleados a tiempo parcial, que no tengan seguro médico, dijo que “ningún empleado debe verse afectado porque desde un principio que el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) comenzó a manejar la crisis de esta pandemia, se indicó que ningún ciudadano debe quedarse sin la oportunidad de realizarse una prueba de coronavirus por falta de recursos económicos. “Lo más importante es que se pueda coordinar con los hospitales públicos. En aquellos casos donde la persona tiene síntomas, pero es un pre-requisito para comenzar a trabajar, debe visitar el hospital o laboratorio con una recomendación médica”, expresó Vázquez Garced.
Por su parte, Argüelles Morán destacó sentirse muy satisfecho “y me alegra que nuestros pequeños y medianos comerciantes no tengan que cubrir de su bolsillo el costo de las pruebas de COVID-19, y que vienen en camino más apoyo económico para cubrir los altos costos del proceso de desinfección, tan necesario para evitar los contagios y proteger la vida de los empleados y los clientes”.
En cuanto a permitir que algunos negocios abran sus puertas antes del 25 de mayo, la gobernadora afirmó que todas estas concesiones han sido basadas en el consejo económico y médico, y que dependiendo de la curva de la pandemia podrá tomar otras decisiones encaminadas a la reapertura de más negocios e industrias. “Si nosotros vemos que los patronos y la ciudadanía responden a las medidas de seguridad, que mantienen el uso de mascarillas, “hand sanitizer” y respetan los espacios, podríamos ir viendo una modificación porque la orden lo permite”, apuntó.
Concluyó que “hemos creado un grupo de inspecciones integrado por personal del Departamento de Hacienda, OSHA, el DTRH, Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y la Policía de Puerto Rico, los cuales están visitando las empresas para garantizar que están vendiendo lo que le corresponde y que han establecido las medidas de seguridad para garantizar que la curva del coronavirus se mantenga como hasta ahora, en control”.
A su vez, Argüelles Morán recordó que el Secretario del Departamento de Económico y Comercio, Ing. Manuel A. Laboy, exhortó a todo comerciante que se sienta afectado por competencia desleal de algún establecimiento, a que radiquen una querella ante la policía y /o ante el DDEC.
Fundado en 1891, el Centro Unido es el representante oficial del pequeño y mediano comerciante en Puerto Rico. Para más información, puede comunicarse al teléfono (787) 641-8405 o acceder a www.centrounido.com.
