Junta de Control Fiscal: un reto para el gobierno

La Junta de Control Fiscal (JCF) se acerca a nuestra Isla como un enorme nubarrón a punto de reventar. Nadie puede predecir cuánta lluvia traerá ni por cuánto tiempo, solo hay certeza de que no podremos librarnos de la enorme precipitación que se avecina.

La Ley HS 2328 conocida como PROMESA impone una nueva autoridad federal que responde al gobierno de Estados Unidos y que tendrá supremacía sobre la Constitución y el Gobernador de Puerto Rico. El consenso mayoritario de los entendidos en este asunto es que una vez se conforme el objetivo principal de la JCF será pagar la deuda de los bonistas, que oscila por los $70,000 millones.

Sien efecto la prioridad es esa, el próximo gobernador tendrá un ante sí un reto como nunca antes lo había enfrentado en la historia del País.  Un informe reciente de Mark Zandi, economista principal de Moody’s Analytics, indica que el pago del principal e intereses requiere que el gobierno invierta una porción enorme y cada vez mayor para cumplir con estas obligaciones.

En 2010 la deuda combinada de los municipios, el Gobierno y las corporaciones públicas era de 52,980 millones. En los primeros tres meses del año fiscal 2016 esta deuda ronda por los 64,983 millones, según datos del Banco de Desarrollo Económico y Moody’s Analytics. “En el año fiscal 2015 el servicio del territorio y sus agencias constituyó casi el 40 por ciento de los ingresos disponibles en el gobierno para realizar estos pagos”, asegura Zandi en su reporte. Para colocar este hallazgo en contexto, si promediamos los ingresos de los estados, el pago promedio es de 5 por ciento de sus ingresos.

José Alameda, profesor de economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, dijo que ante este escenario es imperativo que el gobierno de Estados le permita a Puerto Rico re estructurar su deuda con los bonistas. De acuerdo a datos provistos por el economista, la tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de Puerto Rico actualmente refleja una contracción  de -1.5 por ciento para el 2016, lo cual se agravaría hasta llegar a -4.03 porciento para el 2018.

“Con la re estructuración el crecimiento real de la economía se tornará positivo en 2018 y aumentará en $1.8 mi millones para 2020. Sin ella seguiremos en la recesión, sin miras de recuperación en el largo plazo y se perderá $10 mil millones”, aseguró Alameda. 

“Si la junta de control fiscal va a pagarle primero a los bonistas y no va a tomar en consideración a Puerto Rico, es decir, que paga primero a los acreedores, esto crearía un efecto de menor inversión en la economía privada mayormente de pymes. Esto va a afectar a estas empresas y por lo tanto el empleo privado”. 

Según el economista, si se le paga $2,300 millones a los bonistas, el presupuesto se reduciría en un 19 por ciento en los distintos renglones, que son nómina, servicios comprados, gastos de transportación, compra de equipo, servicios profesionales y otros. Una reducción de 19 por ciento en nómina se traduce en $828.7 millones menos para este renglón, es decir, de $4,366.9 en el presupuesto 2015-16 a $3,538.2 en el presupuesto 2016-17. El salario promedio de un servidor público es de $28,000. Con una merma de $829 millones en nómina en teoría se perdería aproximadamente 29,600 empleados en el gobierno.

Por otras parte, Alameda estimó en $18,327 millones el efecto adverso que puede tener en las empresas pequeñas una política de reducir los gastos para pagar todo el servicio de la deuda. Esta reducción afectará las compras que el gobierno central hace a las empresas pequeñas que incluye como materiales, equipos, servicios como transportación, servicios legales y provee fondos a organizaciones sin fines de lucro, donativos y subsidios.

“Hay mucha gente que no entiende esto bien y piensan que la junta de control fiscal es una inquisidora que viene a bajarle los pantalones a los políticos y decirle, ‘eso no se hace’ y darle pam, pam”. Eso no es así. El efecto que tiene en el gobierno se va a notar en las pequeñas empresas”, indicó Alameda.

“Todo esto responde al plan de ajuste fiscal. El gobierno le va a mostrar el ajuste a su presupuesto a la JCF y ellos le van a decir sí o no. Este plan fiscal deberá estar listo aproximadamente en marzo de 2017, sea el gobierno que sea. Ahí es que vienen los choques y las pymes y el sector privado van a tener que cabildear largo y tendido”, sentenció el economista.



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